Bogotá, 15 de diciembre de 2008
El acto tuvo como objetivo presentar el Observatorio, un proyecto que el CITpax viene desarrollando desde 2006 y que busca contribuir a que el proceso de Justicia y Paz en Colombia se desarrolle de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derecho penal internacional y derechos de las víctimas a la verdad y la reparación.
Con este propósito, en una primera fase, el CITpax llevó a cabo una actividad de intercambio con la Procuraduría General de la Nación, financiada por la Comisión Europea a través de la FIIAPP-EUROsociAL, en el marco de la cual un equipo de expertos en evaluación de políticas públicas desarrolló una matriz de indicadores que permite dar seguimiento y analizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia, así como los procesos de esclarecimiento de la verdad, reparación administrativa y judicial e investigación y enjuiciamiento a desmovilizados que están siendo procesados bajo la Ley de Justicia y Paz.
En 2007, CITpax estableció una oficina en Bogotá con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-, que cuenta con tres áreas iniciales de trabajo: DDR; Justicia y Políticas públicas en procesos de justicia transicional. Asimismo, con el apoyo adicional de la Junta de Castilla-La Mancha, el Observatorio está estructurando un área específica sobre Víctimas –si bien se trata de una cuestión naturalmente transversal que es abordada por todas las áreas-, cuyo diseño se realiza conjuntamente con organizaciones de víctimas, con el fin de definir los criterios de seguimiento que expresen mejor los intereses y prioridades desde su perspectiva.
Con base en la información proporcionada por instituciones y organizaciones relevantes, el equipo del Observatorio ha preparado el informe de la primera fase, destacando los avances y obstáculos del proceso e incluyendo recomendaciones de carácter técnico y de orientación política para la promoción de los estándares internacionales en justicia de transición.
El Área de Justicia recoge las principales conclusiones, de fondo y operativas, derivadas de la asistencia y relatoría de cincuenta versiones libres en Bogotá, Barranquilla y Medellín. Analiza, entre otras cuestiones: el papel de los fiscales, ante “la envergadura del proceso [que] ha sobrepasado la capacidad de respuesta institucional”; las estrategias judiciales y de defensa y el lenguaje empleados por los versionados, así como los esquemas de auto-representación que se reflejan en esos escenarios; la situación de las víctimas en la versión libre y “la construcción de espacios de dignificación de la víctimas” por parte de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Finalmente, aborda aspectos técnicos y operativos de las versiones, en particular en relación con la adecuación de salas para las víctimas.
El Área de DDR hace un diagnóstico, a partir de entrevistas a autoridades locales, de policía y centros de servicio de la Alta Consejería para la Reintegración, de la situación de la región Caribe tanto en relación con la desmovilización, como con la apropiación a nivel local del proceso de reincorporación. Destaca “avances significativos tras la reformulación de la estrategia nacional”, si bien se presentan “desafíos en la consolidación de la estrategia de reintegración a nivel local”, como la necesidad de “acciones de apoyo y asistencia a las administraciones locales para llevar a cabo planes de desarrollo”, las dificultades para la inserción laboral de los desmovilizados y la importancia de “implicar a otros actores económicos y sociales ante la deficiente respuesta del sector empresarial, la poca aceptación de las comunidades y los escasos resultados en proyectos de generación de ingresos”.
El Área de Políticas Públicas, finalmente, hace una valoración del proceso observando los cursos de acción que desde el gobierno y las diferentes ramas del poder público se han trazado y que han terminado por fortalecer o debilitar el adecuado desarrollo del proceso. Muestra cómo, paradójicamente, el proceso de Justicia y Paz ha contribuido a la reinstitucionalización de la justicia en medio de una gran fragilidad institucional. Señala que el proceso “avanza en medio de la más dura polémica sobre qué tanta justicia se debe sacrificar en aras de la paz o qué tanta paz hay que ofrendar para asegurar la justicia como bien público superior”. Incluye también una contribución especial que analiza la política de tierras en el marco de la ley de Justicia y Paz.
El acto se celebró el 15 de diciembre en el Museo Nacional de Bogotá. El Director General del CITpax, Emilio Cassinello, pronunció las palabras de apertura. A continuación, la Directora de proyectos del CITpax presentó la metodología empleada por el Observatorio Internacional y los directores de las áreas de Justicia y Políticas Públicas expusieron las principales conclusiones del Informe de primera fase.
El acto concluyó con un debate moderado por el reconocido periodista colombiano Félix de Bedout, en el que participaron el Vicepresidente del CITpax y ex Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, el Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional española y miembro del Consejo Asesor del CITpax, Baltasar Garzón, y los fiscales de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado del Ministerio Fiscal de Argentina, Pablo Parenti y Jorge Auat.
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